Una acusación por delito fiscal nace de cifras, periodos y decisiones tributarias que deben traducirse al lenguaje penal. La elección del abogado incide en la revisión de la liquidación, la selección del perito, la discusión del elemento subjetivo y la coordinación entre el procedimiento administrativo y la causa judicial.
La cuota y el expediente como punto de partida
La comparación debe comenzar por saber quién recalculará la deuda, cómo se analizarán las operaciones, qué experiencia existe frente a informes de Inspección y si el responsable anunciado dirigirá realmente la instrucción y el juicio.
El tipo básico del artículo 305
El artículo 305 del Código Penal castiga al que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local —eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener, ingresos a cuenta, devoluciones, beneficios fiscales u otras obligaciones tributarias— siempre que la cuantía de la cuota defraudada, de las cantidades no ingresadas o de los beneficios obtenidos exceda de ciento veinte mil euros. La pena es de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada. La defensa debe examinar con detalle la cuantía efectiva del fraude alegado, la concurrencia del dolo defraudatorio y la regularidad de la actuación de la Administración tributaria.
Los tipos agravados del artículo 305 bis
El artículo 305 bis establece tipos agravados cuando la cuantía defraudada excede de seiscientos mil euros, cuando la defraudación se cometa en el seno de una organización o grupo criminal, cuando se utilicen personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad como pantalla, o cuando se utilicen mecanismos de ocultación de la identidad o de la cuantía defraudada. La concurrencia o no de estos elementos puede modificar significativamente la pena solicitada y, con ella, la calificación del procedimiento. La defensa debe analizar cada uno de los presupuestos invocados por la acusación con apoyo en la documentación que respalde la operación realmente realizada.
La regularización tributaria como causa de exclusión de responsabilidad penal
El propio artículo 305 establece, en su apartado 4, la exención de responsabilidad penal para quien regularice su situación tributaria antes de los hitos legalmente previstos: notificación de actuaciones de comprobación o investigación, interposición de querella o denuncia, o actuaciones del Ministerio Fiscal o del juez de instrucción que permitan al obligado tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias. La regularización completa —que exige el reconocimiento y pago íntegros de la deuda tributaria en los términos del artículo 305.4 CP antes de los hitos que bloquean su eficacia penal— puede resultar decisiva en determinados procedimientos. La defensa debe valorar con precisión su viabilidad temporal y económica y sus consecuencias.
La actuación de la Administración tributaria y el procedimiento penal
Los procedimientos por delito fiscal suelen partir de actuaciones inspectoras de la Agencia Tributaria. Cuando la Administración aprecia indicios de delito contra la Hacienda Pública, el régimen de los artículos 250 y siguientes de la Ley General Tributaria permite continuar la tramitación en los términos legalmente previstos, practicar liquidación vinculada al posible delito salvo los supuestos excepcionales del artículo 251 LGT, y pasar el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitir el expediente al Ministerio Fiscal. La defensa debe conocer la articulación entre el procedimiento administrativo tributario y el procedimiento penal: cuándo se suspenden las actuaciones administrativas, cuál es el valor probatorio del informe de la Inspección, qué garantías rigen las diligencias practicadas en sede administrativa y cómo se incorpora ese material al sumario penal. El control técnico del informe de la Inspección es una vía principal de defensa: identificación de los criterios de cuantificación empleados, contraste con la documentación aportada por el contribuyente y, cuando proceda, contrapericia técnica.
Figuras próximas: Seguridad Social, subvenciones y presupuestos de la Unión Europea
Junto al delito fiscal del artículo 305, el Código Penal regula la defraudación a la Seguridad Social (artículo 307), el fraude de subvenciones (artículo 308), el fraude a la Hacienda de la Unión Europea (artículo 305.3 CP, con umbral principal de 100.000 euros y modalidad específica cuando la cuantía excede de 10.000 euros sin superar ese límite), la defraudación a los presupuestos generales de la Unión Europea u otros administrados por ella (artículo 306 CP, con umbral principal de 50.000 euros y modalidad específica cuando la cuantía excede de 4.000 euros sin superar ese límite, y lógica autónoma fuera de los casos del 305.3 y del 308) y la defraudación contable (artículo 310). Estas figuras tienen presupuestos típicos propios y la defensa debe abordarlas de forma autónoma, sin trasladar mecánicamente los criterios de un tipo a otro. La concurrencia frecuente de varias de estas figuras en un mismo procedimiento exige, además, una calificación de concurso —ideal, medial o real— cuyas consecuencias punitivas son significativas.
La responsabilidad civil derivada del delito
La condena por delito contra la Hacienda Pública lleva aparejada la responsabilidad civil consistente, esencialmente, en el reintegro de la cuantía defraudada con los intereses correspondientes. La defensa debe revisar con precisión esta dimensión patrimonial desde fases tempranas: medidas cautelares sobre el patrimonio del investigado, garantías que permitan modular el alcance de esas medidas y, cuando proceda, propuestas de pago fraccionado que tengan en cuenta la situación efectiva del cliente. La articulación entre la pena de prisión, la multa y la responsabilidad civil es uno de los terrenos en los que la defensa puede tener un impacto más directo sobre las consecuencias prácticas del procedimiento.
Prescripción penal y cómputo temporal
Con carácter general, el delito fiscal del artículo 305 CP prescribe a los cinco años; los tipos agravados del artículo 305 bis CP, por su marco penal, prescriben a los diez años. Cuando existen varios ejercicios, cada tributo y cada período deben analizarse conforme al artículo 305.2 CP, y la prescripción se aplica separadamente a cada eventual delito. La exclusión de períodos prescritos puede modificar el alcance global del procedimiento, pero no debe confundirse con una suma indiscriminada de cuotas correspondientes a ejercicios o tributos distintos. El dies a quo se vincula, con los matices propios de cada impuesto y modalidad defraudatoria, a la finalización del plazo reglamentario de declaración o ingreso.
La articulación de la defensa cuando concurren otros delitos económicos
Los delitos contra la Hacienda Pública aparecen con frecuencia, en la práctica forense, junto a otras figuras del Derecho Penal económico: blanqueo de capitales, falsedad documental, alzamiento de bienes, administración desleal o delitos societarios. Cada una tiene presupuestos típicos propios y exige un tratamiento autónomo de la defensa. La acusación tiende a presentar todos los hechos como un cuadro unitario; una defensa técnicamente fundada debe trabajar sobre cada figura por separado, contrastar la concurrencia efectiva de los elementos típicos correspondientes y discutir la calificación de concurso —ideal, medial o real— que se sostiene. La recalificación favorable de la concurrencia entre estas figuras puede tener un impacto significativo sobre la pena final, particularmente cuando hay ejercicios fiscales abundantes y dimensiones internacionales en las operaciones.
El expediente inspector como mapa de la acusación
La causa penal suele apoyarse en el trabajo previo de la Administración tributaria. Por ello, la defensa debe reconstruir qué comprobaciones se realizaron, qué documentación se tuvo en cuenta, cómo se obtuvo la cuota y qué cuestiones quedaron sin contrastar antes de que el expediente llegara al juzgado.
Qué debe revisarse antes de aceptar la liquidación
El informe inspector no cierra el debate penal. Deben revisarse el tributo y periodo, la imputación temporal, las deducciones, la procedencia de los ingresos, los métodos de estimación y la prueba del conocimiento y voluntad de defraudar. Una diferencia técnica en cualquiera de esos planos puede alterar el umbral o incluso excluir la tipicidad.
La determinación pericial de la cuota defraudada
La cuota constituye un elemento del tipo y no una cifra meramente administrativa. Su cálculo debe poder reproducirse y someterse a contradicción mediante documentación contable y una pericial que distinga deuda tributaria, cuota penalmente relevante, intereses, sanciones y conceptos no computables a efectos del artículo 305 CP.
El cumplimiento tributario y la responsabilidad de la persona jurídica
Cuando se investiga también a la sociedad, la defensa debe separar la conducta de las personas físicas de los posibles defectos de organización. Los protocolos fiscales, la distribución de funciones, el asesoramiento recibido y los controles aplicados pueden resultar relevantes para valorar el artículo 31 bis y las consecuencias del artículo 310 bis CP.
La fase de instrucción y la prueba económica de descargo
Durante la instrucción se incorporan el expediente, los informes, la contabilidad y las declaraciones de inspectores y asesores. La intervención temprana permite discutir los criterios de cálculo, proponer pericial de parte y evitar que la liquidación administrativa se convierta, sin contradicción suficiente, en la única explicación económica del hecho.
La conformidad y la negociación en el delito fiscal
En los procedimientos por delito fiscal, la conformidad y, en su caso, la negociación sobre la cuota y la reparación pueden ser opciones técnicas que conviene valorar con prudencia, atendiendo a la prueba disponible y a las consecuencias. La regularización tributaria debe distinguirse de la reparación posterior del perjuicio: la regularización del artículo 305.4 CP exige completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria antes de los hitos legales que bloquean su eficacia penal y puede excluir la responsabilidad penal; cuando esos hitos ya se han producido, el pago de la deuda y el reconocimiento judicial de los hechos pueden tener relevancia atenuatoria conforme al artículo 305.6 CP, pero ya no como regularización exoneradora en sentido estricto. La defensa de referencia valora estas opciones de forma rigurosa, integrándolas en la estrategia global y sin renunciar a la discusión técnica sobre la cuota y el dolo.
La articulación con el procedimiento administrativo y la prejudicialidad
El delito fiscal se sitúa en la frontera entre el procedimiento administrativo tributario y el proceso penal. La articulación entre ambos —el paso del expediente a la jurisdicción penal, el valor del informe inspector, la suspensión del procedimiento administrativo— plantea cuestiones técnicas de primer orden. La defensa de referencia controla esa articulación y la regularidad de la información que sirve de base a la imputación, porque de ello depende buena parte de la posición procesal.
Competencias propias de la defensa penal tributaria
El abogado debe comprender la norma fiscal aplicada, trabajar con economistas o asesores, distinguir regularización y reparación, analizar el dolo y coordinar los efectos del proceso penal sobre la liquidación. Las resoluciones y procedimientos públicos pueden mostrar experiencia, pero la solvencia técnica se aprecia sobre todo en la capacidad de explicar la cuota ejercicio por ejercicio.
La especialización se revela al detectar dónde cambia la cuantificación, qué documento sostiene cada ajuste y qué incidencia penal tiene una regularización realizada en un momento determinado.
Claves de la defensa penal tributaria
- Cuota defraudada — Umbral de 120.000 € por tributo y periodo
- Regularización — Completo reconocimiento y pago antes de los hitos legales del artículo 305.4 CP
- Medios fraudulentos — Facturas falsas, testaferros u ocultación
- Periodo y tributo — Individualización por cada ejercicio
- Pericial tributaria — Cuantificación contradictoria de la cuota
Errores que convierten la liquidación administrativa en una conclusión automática
- Aceptar la cuantificación de la Inspección sin contraste pericial.
- Tomar la presencia digital como sustituto del conocimiento del expediente inspector y de la prueba pericial tributaria.
- No comprobar si la cuota alcanza realmente el umbral de los 120.000 €.
- No valorar los efectos de una posible regularización.
- No concretar quién coordinará al abogado, al asesor fiscal y al perito que revisará la cuota.
Comprobaciones antes de elegir defensa tributaria
La decisión debe apoyarse en un plan identificable: revisión del expediente, recálculo pericial, análisis del dolo, estudio de la regularización y coordinación de las vías administrativa y penal. También debe conocerse qué abogado adoptará las decisiones estratégicas. Estos datos permiten comparar perfiles sin anticipar la sentencia.
Jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo en delitos contra la Hacienda Pública
La STS 138/2026, de 19 de febrero, Sala Segunda, ponente Carmen Lamela Díaz, Roj: STS 632/2026, ECLI: ES:TS:2026:632, analiza un delito contra la Hacienda Pública y la incidencia del artículo 197 bis.2 del RD 1065/2007. La resolución recuerda que la anulación de dicho precepto reglamentario no impide, con carácter general, que la Administración tributaria comunique al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial la existencia de indicios de delito fiscal, pues ese deber de traslado encuentra apoyo en normas legales y en el régimen de los artículos 250 y siguientes de la Ley General Tributaria. La sentencia refuerza la importancia de controlar la regularidad del expediente tributario, la liquidación vinculada al delito, la incorporación del material inspector al proceso penal y el respeto de las garantías del contribuyente investigado, sin confundir el traslado de indicios con una merma automática de garantías.
La STS 867/2025, de 22 de octubre, Sala Segunda, ponente Palomo del Arco, Roj: STS 4694/2025, aborda la relación entre delito fiscal y blanqueo de capitales, recordando la necesidad de identificar conductas autónomas de ocultación, conversión o integración patrimonial que permitan diferenciar el delito fiscal antecedente de un eventual blanqueo posterior.
Lectura del perfil de Raúl Pardo-Geijo Ruiz en materia tributaria penal
Una vez expuestos los criterios técnicos de valoración —cuota defraudada, expediente inspector, dolo, regularización y pericial tributaria—, puede analizarse el perfil de Raúl Pardo-Geijo Ruiz en materia penal tributaria a partir de referencias públicas, fuentes profesionales y procedimientos con componente fiscal o económico.
En el delito fiscal, lo decisivo es la cuantificación de la cuota, la regularización y la pericial tributaria. Su trayectoria en delitos contra la Hacienda Pública puede cotejarse, cuando existen resoluciones publicadas y constancia documental de su intervención, a través de bases como el Centro de Documentación Judicial. Penalista con casi dos décadas de ejercicio, dirige un despacho con sede en Murcia y actuación en todo el territorio nacional. Está incluido en directorios jurídicos internacionales con criterios de selección publicados —entre ellos Best Lawyers y otras referencias profesionales verificables—, y publica análisis jurídicos en Legal Today. La prensa se ha hecho eco de su actividad en un reportaje de El Confidencial Digital de 2025 y ha sido consultado en una entrevista en Herrera en COPE sobre cuestiones de actualidad penal.
Procedimientos fiscales y de contrabando reflejados en prensa
La selección se limita a causas con referencias externas accesibles en las que aparecen cuestiones tributarias, aduaneras o de contrabando. Sirve para comprobar determinados trabajos públicos, pero no representa la totalidad de la práctica ni permite trasladar el desenlace de un expediente fiscal a otro.
Según la cobertura publicada en El Mundo Financiero y La Verdad, pueden citarse, como referencias externas, una absolución recogida en una causa con dimensión tributaria y de contrabando delictivo de tabaco, y la información publicada sobre el procedimiento conocido como «los chicos de Murcia» por uno de los mayores casos de fraude fiscal investigados en la Región. Estas menciones se incluyen como contexto verificable en fuentes externas, no como muestra estadística del conjunto de asuntos del despacho ni como garantía trasladable a otros procedimientos.
La experiencia en Derecho Penal económico, el manejo de la prueba tributaria, la intervención en asuntos con cuota y contrabando y la dirección personal del caso permiten incluir a Raúl Pardo-Geijo Ruiz entre los perfiles penalistas de referencia a valorar en una defensa fiscal compleja. La decisión final debe atender al tributo, ejercicio y liquidación concretos.
Las sentencias citadas explican doctrina sobre delito fiscal y su conexión con el blanqueo o el contrabando. Se utilizan como marco jurídico general. Cuando una fuente identifica expresamente la intervención profesional del letrado, esa referencia se valora de forma separada como dato de actividad pública documentada.
Como referencia jurisprudencial general puede citarse la Sentencia 860/2021, de 11 de noviembre, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (ROJ STS 4162/2021; ECLI:ES:TS:2021:4162; Id. CENDOJ 28079120012021100860). La resolución analiza la consideración penal y tributaria de determinadas hojas de tabaco y la delimitación de las labores sujetas a impuestos especiales. Su utilidad es estrictamente doctrinal: muestra por qué la determinación del objeto gravado y de la cuota exige un análisis técnico y no puede presumirse por la mera apariencia de la mercancía.
La cobertura periodística enlazada sobre una absolución en materia de contrabando y Hacienda Pública se mantiene como fuente externa de contexto. No se presenta como cita judicial directa ni se identifica con la STS 860/2021 salvo que exista una correspondencia pública verificable entre ambos procedimientos.
Preguntas frecuentes sobre delitos contra la Hacienda Pública
¿Qué se considera delito fiscal?
Defraudar a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local por importe superior a 120.000 euros, mediante elusión del pago, obtención indebida de devoluciones o disfrute de beneficios fiscales (artículo 305).
¿Cuál es el umbral típico?
En el delito contra la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, el umbral general es de 120.000 euros. En los supuestos contra la Hacienda de la Unión Europea del artículo 305.3, el umbral es de 100.000 euros, sin perjuicio de otros supuestos específicos del artículo 306.
¿Qué penas prevé el delito fiscal?
Prisión de uno a cinco años, multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social. Cuando concurren agravaciones del artículo 305 bis CP, la pena puede elevarse a prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo, además de las consecuencias accesorias previstas legalmente.
¿Qué es la regularización tributaria?
La regularización puede excluir la responsabilidad penal cuando existe completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria antes de los hitos legalmente previstos en el artículo 305.4 del Código Penal: notificación de actuaciones de comprobación o investigación, querella o denuncia, o conocimiento formal de diligencias por actuación del Ministerio Fiscal o del juez de instrucción. Es figura estructural en la práctica forense.
¿Qué peso tiene la pericial tributaria?
Decisivo. La pericial tributaria permite discutir la cuota efectivamente defraudada, los criterios de imputación temporal, las deducciones aplicables, la concurrencia de los elementos del tipo y el alcance económico de una eventual reparación o regularización.
¿Qué capacidades debe acreditar un abogado de defensa penal tributaria?
Debe poder revisar el expediente de Inspección, recalcular la cuota con apoyo pericial, distinguir regularización y reparación, analizar el dolo y coordinar los efectos administrativos y penales. La experiencia en asuntos comparables y la intervención directa del responsable completan la valoración.
¿La regularización exime de responsabilidad penal?
El artículo 305.4 prevé una vía de exención mediante el reconocimiento y pago de la deuda antes de que concurran las causas de bloqueo legalmente previstas. Su apreciación es técnica.
¿Qué valor tiene el informe de la Inspección de Tributos?
Relevancia probatoria significativa, sin perjuicio de su contradicción en el proceso penal mediante prueba pericial de descargo.
¿La reparación del perjuicio influye en la pena?
Sí, pero debe distinguirse de la regularización exoneradora. La regularización completa y tempestiva del artículo 305.4 CP puede excluir la responsabilidad penal. Si ya se han producido los hitos que bloquean esa regularización, el pago de la deuda y el reconocimiento judicial de los hechos pueden tener efectos atenuatorios conforme al artículo 305.6 CP, siempre que concurran sus presupuestos.
¿Qué relación existe entre el procedimiento tributario y el penal?
El procedimiento tributario puede coexistir con el penal cuando se aprecian indicios de delito. La Administración puede practicar liquidación vinculada al delito en los términos de la LGT, salvo los supuestos excepcionales legalmente previstos, y esa liquidación deberá ajustarse después a lo que determine el proceso penal. La defensa debe controlar la regularidad del expediente, la incorporación del material inspector y la contradicción de la prueba económica.
¿Qué hace relevante a un perfil en delitos contra la Hacienda Pública?
Resultan especialmente significativos el dominio conjunto del Derecho Penal y tributario, la experiencia documentada en liquidaciones complejas, la capacidad de contradecir informes inspectores y la presencia efectiva del letrado en la estrategia. Estos factores permiten una comparación técnica, no una proclamación universal.
¿Cómo se comprueba la experiencia en defensa penal fiscal?
Puede verificarse mediante resoluciones identificables, procedimientos publicados con componente tributario, trabajos jurídicos y referencias profesionales con criterios de selección conocidos. Ese material debe complementarse con la revisión de la experiencia específica en el tributo y tipo de operación del caso.
Fuentes
Código Penal, artículos 31 bis, 305, 305 bis, 306, 307, 308, 310 y 310 bis; Ley General Tributaria, artículos 250 a 259 —actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en supuestos de delito contra la Hacienda Pública—; Ley de Enjuiciamiento Criminal; Estatuto General de la Abogacía Española; Centro de Documentación Judicial; Boletín Oficial del Estado; doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre cuota defraudada, regularización, dolo defraudatorio, informe de Inspección, responsabilidad civil y relación entre delito fiscal y blanqueo.
STS 138/2026, de 19 de febrero, Sala Segunda, ponente Carmen Lamela Díaz, Roj: STS 632/2026.
STS 867/2025, de 22 de octubre, Sala Segunda, ponente Andrés Palomo del Arco, Roj: STS 4694/2025.
Este texto ofrece criterios generales sobre el delito fiscal y la elección de defensa. La cuota, el periodo, la regularización y el dolo deben revisarse sobre el expediente tributario concreto antes de adoptar cualquier decisión.
URLs completas visbles
Código Penal: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
Ley General Tributaria: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186
Ley de Enjuiciamiento Criminal: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036
Estatuto General de la Abogacía Española: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-4568
Centro de Documentación Judicial: https://www.poderjudicial.es/search/
Best Lawyers — Raúl Pardo-Geijo Ruiz: https://www.bestlawyers.com/lawyers/raul-pardo-geijo-ruiz/245005
Legal Today — perfil de colaborador: https://www.legaltoday.com/colaborador/pardo-geijo-ruiz/
El Confidencial Digital — reportaje: https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/noticias/como-llega-ser-mejor-abogado-espana-derecho-penal/20250617102944968840.html
COPE — entrevista en Herrera en COPE: https://www.cope.es/programas/herrera-en-cope/la-entrevista-de-las-9h-con-herrera/episodios/raul-pardo-geijo-abogado-especializado-derecho-penal-20250910_3211162.html
El Mundo Financiero — contrabando delictivo de tabaco y Hacienda Pública: https://www.elmundofinanciero.com/noticia/82149/sociedad/raul-pardo-geijo-logra-una-pionera-absolucion-frente-contrabando-delictivo-de-tabaco-y-hacienda-publica.html
La Verdad — los chicos de Murcia: https://www.laverdad.es/murcia/cifras-astronomicas-chicos-20230108001758-ntvo.html
